Exige ONG indígena revisión a agrícolas por abusos

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Entre las anomalías figuran la falta de prestaciones laborales y médicas

Jorge Quevedo

VILLA JUÁREZ, Sin.- El presidente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en Sinaloa llamó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a realizar una revisión generalizada en los campos agrícolas de Sinaloa ante presuntas irregularidades.

Juan López García, presidente de la organización no gubernamental con sede en Villa Juárez, Navolato, dijo que entre las anomalías figuran la falta de prestaciones laborales y médicas.

Comentó que las agrícolas están buscando una dinámica en la que los jornaleros trabajan y les pagan a diario evadiendo las prestaciones que por ley deben ser contraídas por el patrón.

Aunque precisa que hay algunas agrícolas que sí les proporcionan seguridad social a sus trabajadores, éstas en el caso de que llegan a fallar los jornaleros dos o tres días, los dan de baja y los dan de alta nuevamente en el caso de reincorporación al campo y con ello se pierde la antigüedad laboral ante el IMSS.

“Es más, yo creo que no tienen ni nómina. Les pagan por nombre. No tienen documentación, si tienen actas o no tienen. Pasa un accidente o algo, nadie se va hacer responsable de ahí”, declaró.

El líder indígena acusó omisión de las autoridades competentes con denuncias anteriores realizadas por estas anomalías.

“Lo hemos expuesto ante la Secretaría del Trabajo, ante la oficina estatal de los Derechos Humanos, pero por lo pronto nada”, dijo.

El llamado del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en Sinaloa se sumó a las declaraciones vertidas recientemente por la síndica de Villa Ángel Flores “La Palma”, Keyla Ureta Castro, y el síndico de Bachimeto, Abraham Pérez Zamudio, sobre las malas condiciones de las agrícolas en el municipio.

La síndica de “La Palma” denunciaba irregularidades ante presuntas irregularidades en la contratación y forma de hospedaje en los lugares donde son alojados los trabajadores agrícolas, las llamadas “cuarterías”.

Abraham Pérez Zamudio de Bachimeto coincidía las anomalías con la síndica de “La Palma” incluso dando nombre de empresas.

Acusaba además sobre precio en las tiendas de raya donde ejemplificó el kilogramo de harina de maíz en una de esas tiendas del campo cuesta 25 pesos cuando hasta en un pueblo cercano el mismo producto es de 12 pesos.

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