El pasado jueves se dio a conocer su renuncia y, como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- La renuncia Javier Jiménez Espriú como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue porque sostenía que los puertos debían ser manejados por dicha dependencia y no por la Secretaría de Marina (Semar), como lo propone el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
El presidente considera que se le debe confiar a la Marina el cuidado de los puertos, las aduanas, “porque hay contrabando, hay corrupción, hay introducción de droga y se requiere que se tenga autoridad”.
Jiménez Espriú expresó su postura al respecto desde el pasado 30 de octubre, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, en el marco del debate de una iniciativa de Morena para desaparecer a la Marina Mercante y que la Armada de México se hiciera cargo de los puertos.
Y aclaró que la SCT no fue consultada sobre la reforma y manifestó su rechazo al respecto. El entonces secretario puntualizó que en la Organización Marítima Internacional hay 17 naciones y 11 tienen el control militar de sus puertos, como es el caso de Chile y Corea del Sur.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, aclaró en diciembre que se trataba de “una petición que nos ha hecho el gobierno para fortalecer la seguridad. Está lejos de ser una militarización”.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas por el periódico El Universal, el ahora ex secretario de Comunicaciones y Transportes iba a presentar su renuncia a finales del 2019, si se aprobaba el dictamen, lo cual no sucedió y la propuesta quedó congelada en la Comisión de Gobernación.
En el dictamen, que se presentó el pasado 12 de noviembre, también se integraron oficios con fecha del 4 y 5 de noviembre, en los que la SCT expresó sus opiniones sobre la iniciativa de Morena: “Encomendar a la Semar la supervisión y administración de actividades estrictamente comerciales desvirtúa la naturaleza que rige y contraviene el espíritu antimilitarista del Estado mexicano”.
Se aclaró que la formación militar no es compatible con la operación de los negocios, ya que en la actualidad la operación de las Capitanías de Puerto está sujeta instrucciones castrenses.
Además, en el documento se puntualizó que “existe un Autoridad Marítima Nacional (Semar) y una Autoridad Marítima Mercante (SCT), lo que impacta en la seguridad jurídica del usuario, ya que la delimitación de una y otra competencia en materia de seguridad marítima y protección portuaria, respectivamente, no resulta tan clara para la generalidad de los usuarios y existe una demora en la toma de decisiones por parte de la autoridad. No se ajusta al modelo de nación de la presente administración pública federal”.
Con información de Infobae
