La neutralidad se refiere a que los proveedores de servicio de internet den el mismo trato a todo contenido en la red, sin discriminar ni cobrar más o distinto según el tipo de información que se ofrezca a los consumidores
El Economista
CIUDAD DE MÉXICO.- La agencia que regula las comunicaciones en Estados Unidos puso fin este jueves a la “neutralidad de la red”, el principio por el cual los proveedores de Internet tratan de manera equitativa el tráfico, en medio de un enconado debate sobre la libertad en línea.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en una votación de 3 a 2, aprobó una propuesta del presidente designado por los republicanos, Ajit Pai, quien dijo que se propone acabar con reglas “torpes” que desalientan la inversión y la innovación.
Uno de los contrarios a la decisión, el demócrata Mignon Clyburn, señaló que la FCC “está entregando las llaves de Internet” a “un puñado de corporaciones multimillonarias”.
La neutralidad se refiere a que los proveedores de servicio de internet den el mismo trato a todo contenido en la red, sin discriminar ni cobrar más o distinto según el tipo de información que se ofrezca a los consumidores.
La medida, que anula reglas fijadas en 2015 bajo el gobierno de Barack Obama, teóricamente permite a los proveedores de servicios de Internet (ISP) decidir a qué sitios web se podrá acceder y a qué velocidad, lo que podría conducir a la creación de una “Internet de dos velocidades”.
Mientras los partidarios de la propuesta argumentan que fomenta la innovación y la inversión al suprimir pesadas cargas regulatorias, sus críticos sostienen que podría liquidar la “internet abierta” y permitir a las grandes empresas de banda ancha elegir qué personas pueden acceder al tráfico en línea y perjudicar a los consumidores.
La votación augura profundos cambios en la manera en que la gente en Estados Unidos podrá usar la red, pues abandona más de una década de estrecha supervisión federal. No sólo quedan eliminadas normas que le impedían a corporaciones como Comcast, Verizon y AT&T bloquear ciertos sitios de internet o cobrarles a cambio de acceso, sino que de ahora en adelante, los estados no podrán imponer sus propias normas.
Las compañías proveedoras prometen que el consumo de contenidos online no variará, pero lo cierto es que ejercieron enérgica presión para que estas normas queden eliminadas. Han surgido protestas en la red y en las calles, por parte de miles de ciudadanos que temen que las empresas comunicativas ahora controlarán lo pueden ver o hacer por internet.
El descontento popular parece indicar que la votación del jueves no será el último capítulo. Algunos activistas han amenazado con demandas y con hacer que el tema sea punto de debate en las elecciones legislativas del 2018.
