Las irregularidades que involucran a funcionarios, políticos, prestanombres y trabajadores del instituto
Redacción
Una investigación del gobierno de México reveló casos de corrupción en contratos y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante los últimos 12 años.
Las irregularidades que involucran a funcionarios, políticos, prestanombres y trabajadores del instituto suman contratos irregulares por 88 mil millones de pesos y un fraude en pensiones por 15 mil millones de pesos.
“Mediante actos de corrupción se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud, de esa cantidad más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE”, dijo Rosa Icela Rodríguez en conferencia matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las irregularidades detectadas en los contratos incluyen el desabasto de medicamentos, el robo en farmacias y la falta de mantenimientos a los hospitales y el equipo médico.
“Lo más indignante era que los dueños de las empresas eran funcionarios, políticos y prestanombres. Dos, el desabasto de medicamentos como consecuencia de la corrupción, además del negocio redondo que tenían las empresas privadas, había una mala administración del inventario, de las farmacias”, lamentó la secretaria.
“Y robo hormiga de medicamentos, por eso la población no recibía su medicina completa. Tres, abandono de las unidades médicas, las unidades médicas sufrían un deterioro profundo porque hacía más de 20 años que no se les daba mantenimiento mínimo indispensable para funcionar”, continuó.
Respecto al equipo médico, Rodríguez aseguró que llevaban 12 años sin comprar equipo básico como rayos X portátiles y equipo para ecocardiogramas.
En el caso de las pensiones, Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, reveló que el cobro irregular de pensiones constituyó un fraude por 15 mil millones de pesos para instituto.
“Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del instituto, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales tramitaron miles de juicios ante las juntas, federales de conciliación y arbitraje en el norte del país con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley”, reveló Medina.
“Los beneficiados por esta sentencias ilegales pagaban moches a los funcionarios del instituto, a los funcionarios públicos de la junta laboral y altos sueldos a los despachos de abogados y demás coyotes que participaban en este fraude”, continuó.
Autoridades detectaron más de 100 casos en los que los pagos de pensiones incluso llegaron a superar los 270 mil pesos mensuales.
La Procuraduría Fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, ha logrado judicializar a 22 personas por este caso, ocho de ellas han sido vinculadas a proceso.
“Además, en la labor de impedir que se siga dañando el patrimonio del instituto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo y el Instituto, hemos presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República, que actualmente se tramitan en 25 carpetas de investigación”, dijo.
Con información de Latinus
