En las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando paraísos fiscales, según la Fiscalía
Redacción
ESPAÑA.- Así lo sostiene el ministerio público español en la querella que presentó hace tres meses contra la artista colombiana, ya notificada a su domicilio en Miami, lo que dio pie a que un juzgado de Barcelona abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.
No obstante, el gabinete de comunicación de Shakira precisó a EFE que no ha recibido “notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella”, y resaltó que su equipo legal está “centrado en la preparación del juicio”, que empezará el próximo 20 de noviembre.
Shakira será juzgada ese día en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de esa ciudad española.
En esta ocasión, el ministerio público plantea en su querella que la intérprete de “El Jefe” pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos, adonde se trasladó desde Barcelona tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.
En concreto, la querella sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria española 5.3 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), correspondientes a los ingresos que percibió por su gira “El Dorado” en 2018 y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773 mil 600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco Shakira se sirvió de un entramado societario y presentó “declaraciones inveraces” del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.
Según la denuncia, la cantante cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo, con la que firmó varios “contratos simulados”, de forma que se benefició de una tributación “muy reducida” que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 %.
Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, “era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales” que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una “intervención meramente formal y administrativa”.
También refiere la querella que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira “El Dorado” que incluyó 53 conciertos en 22 países, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.
En ese proceso, la Fiscalía pide una pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23,8 millones para la Shakira, quien está triunfando en la música.
Con información de Radio Formula
