Ven activistas alertas de género ‘a medias’

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La demora en emitir resolutivos sobre violencia de género tarda hasta cuatro años

Redacción

CULIACÁN, Sin.- Las Alertas de Género registran demoras de hasta cuatro años para emitir resolutivos, no se cumplen plazos, hay ineficiencia y un franco rechazo y desconocimiento por parte de funcionarios y funcionarias con relación a los derechos de las mujeres.

Las anteriores son algunas de las conclusiones presentadas en el panel “Alertas de Género cómo han funcionado y los obstáculos actuales”, realizado durante el III Congreso Internacional Cultura de Paz desde las Mujeres; Diversas cosmovisiones, que lleva como lema: “Mujeres y Hombres por las Masculinidades Positivas”.

Esta actividad internacional fue organizada por el Congreso del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente y la asociación civil “Construyendo Espacios para la Paz”.

En el segundo día de actividades tuvo lugar este panel, donde participaron como ponentes Leticia Burgos, coordinadora de la Red Nacional de Alertistas; Argentina Casanova, representante del Observatorio Social y de Género, y María Luisa Sosa de la Torre, de la Red Nacional por la Paridad Efectiva y de la Red Nacional de Formadoras en Derechos Políticos

Leticia Burgos, fue quien aseguró que la demora en emitir resolutivos sobre violencia de género tarda hasta cuatro años, como se ha visto en Nuevo León y en San Luis Potosí, y de un año, como es la experiencia de Sinaloa y Durango.

Además, advirtió que en general las Alertas de Género no cuentan con sistemas de monitoreo y no hay transparencia ni rendición de cuentas.
Agregó que prevalecen normas y políticas contrarias a los derechos de las mujeres, estereotipos, misoginia de servidores públicos, y presupuestos deficientes.

Ante ello propuso que la violencia contra mujeres sea declarada como una prioridad y una emergencia de seguridad nacional y se establezcan lineamientos para que se etiqueten presupuestos para las Alertas de Género, que sean operados por los municipios.

Debe haber, dijo, un pacto federal que contemple presupuesto para las Alertas de Género y se defina un programa de acciones transversales.
Argentina Casanova hizo referencia a la reciente reunión regional que se llevó a cabo en el sureste del país para hacer una evaluación de las Alertas de Género

Ahí, expuso, se analizó la posibilidad de que se levante la Alerta de Género en Campeche, motivado principalmente por la creación de un Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Escárcega, zona con mayor violencia, que colinda con el de Candelaria, también de alta incidencia, no obstante su poca población.

Advirtió que ahí el contexto que se vive no garantiza la seguridad de las mujeres, y la exigencia es que se garantice el acceso a una vida libre de violencia en la región, que está integrada por los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán.

El balance en general, puntualizó, es que hay una situación en lo que se pondera más lo político y el turismo, que la violencia que se vive.
Incluso, dijo, se observa una escalada en la saña con que se cometen los feminicidios y las agresiones en contra de las mujeres.
Indicó que en Yucatán hay la negativa a aceptar la existencia de denuncias por el posible impacto negativo en la actividad turística.

María Luisa Sosa de la Torre, de la Red Nacional por la Paridad Efectiva y de la Red Nacional de Formadoras en Derechos Políticos, advirtió que actualmente se atestigua el desmantelamiento de las instituciones que atienden los derechos de las mujeres y la violencia en su contra.

Aseguró que el 95 por ciento de los feminicidios en México quedan sin castigo, lo que se traduce como permisibilidad del Estado mexicano para que se cometa este delito.

Sosa de la Torre presentó una evaluación de la situación que se vive en las regiones Centro y Occidente del país, y aseguró que hay un incremento de todas las formas y modalidades de violencia.

Precisó que en estas regiones se ubica poco más de la cuarta parte de los 100 municipios ubicados como los de mayor violencia en contra de las mujeres.

También afirmó que hay un desconocimiento, negación y franco rechazo a reconocer la problemática.

Mostró un mapa en el que se observa que poco más de la mitad del territorio nacional se encuentra con Alertas de Género, y Sinaloa entra en esta situación.

Como conclusión, consideró que el mecanismo de Alerta de Genero fue pensado como ideal y que no ha podido adaptarse al desinterés, corrupción e impunidad que prevalece en el país.

Aseguró que la falta de recursos para la implementación de este mecanismo contradice la obligación de garantizar los derechos de las mujeres.

Por todo lo anterior, sostuvo que se necesita una revisión a fondo de la Alerta de Género para hacerlo un mecanismo eficiente, que responda a la finalidad para la que fue creado.

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